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Rechaza AI descalificación contra la familia Reyes
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 5
Amnistía Internacional afirmó que no hay dudas de que Josefina Reyes fue una activista social, por lo que descalificó las afirmaciones de la embajada de Estados Unidos en México en torno a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de esa organización en México, dijo que con esas acusaciones sin fundamentos sólidos lo que se pretende es descalificar la principal línea de investigación de su asesinato, que tiene que ver precisamente con su activismo.
Manifestó que tampoco se ha comprobado la supuesta relación de su hijo Miguel Ángel con el cártel de Juárez, como aseguró la representación diplomática en un cable fechado en enero de 2010.
Advirtió que de ser ciertos los supuestos vínculos de su hijo con el crimen organizado, la responsabilidad penal en México es absoluta y radicalmente individual, no trasciende a otras personas
.
Recordó que hay una situación de violencia generalizada contra la familia Reyes, que los ha llevado a abandonar Ciudad Juárez, lo cual habla de algo que rebasa la realidad de la propia Josefina
, pues ya son varios los integrantes de ese núcleo que han sido asesinados.
Criticó a los gobiernos federal y de Chihuahua por la falta de protección para los integrantes de esa familia, pues carecen de los mecanismos necesarios y permanentes para tal efecto, e incluso, dijo, tenemos años insistiendo a la Secretaría de Gobernación que urge que se genere este programa de protección con recursos asignados
.
Posted in Cobertura, Español
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Las Defensoras de Derechos Humanos, Expuestas a la Muerte y a la Discriminación
12/03/2011 Laura Carlsen
Josefina Reyes se inició como organizad
ora para la defensa de derechos humanos del mismo modo que miles de mujeres alrededor del mundo: defendiendo a su familia y a su comunidad.
La madre, de edad madura, se declaró en huelga de hambre para exigir el regreso, sano y salvo, de su hijo que habían secuestrado de su hogar por soldados mexicanos. Había perdido a otro hijo en la violencia que ha caracterizado al Valle de Juárez, donde vivía su familia, desde que comenzó la guerra contra las drogas. Josefina se convirtió en una voz potente contra la violencia y específicamente contra los abusos perpetrados por el ejército y la policía.
En agosto de 2009 participó en el primer Foro Regional contra la Militarización y la Represión. El 5 de enero de 2010, Josefina Reyes murió de un balazo en la cabeza.
El Valle de Juárez ha estado ocupado por tropas del ejército mexicano desde 2008, cuando el gobierno federal lanzó la campaña militar más intensa que el país haya conocido, para combatir al crimen organizado. Hasta la fecha su hijo, dos de sus hermanos, una hermana y una cuñada han sido asesinados, sin que ninguno de los crímenes haya sido resuelto.
El caso de Josefina es uno entre muchos, y las organizaciones de derechos humanos temen que si no se hace algo pronto será uno entre muchísimos más. Este año ha estado marcado por un notable incremento en la violencia contra las mujeres y el acoso a las mujeres defensoras de derechos humanos. En América Latina las amenazas de muerte y asesinatos por desconocidos tienden a ser el modus operandi; se cree ampliamente que los principales culpables son agentes clandestinos del estado, paramilitares y miembros de la delincuencia organizada.
Pero como casi nunca se investigan ni se enjuician a cabalidad estos crímenes, esta forma de violencia con motivos políticos continúa sin nombre y sin castigo. La impunidad reinante es el criadero de donde tiene que brotar más violencia.
Los riesgos especiales para las mujeres defensoras de derechos humanos.
En el transcurso del año, reportes de organizaciones no gubernamentales de mujeres, de movimientos populares y de prensa, advertían que las mujeres que osaban manifestarse contra la violencia caían presas de ella en índices alarmantes. Informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales de derechos humanos confirmaron esta percepción.
Señalan que tanto los hombres como las mujeres que defienden derechos humanos se convierten en objetivos. Sin embargo, la situación de las defensoras de derechos humanos debe analizarse por separado por varias razones.
Las mujeres dirigen con frecuencia organizaciones y movimientos comunitarios que se ubican al frente de las batallas contra las violaciones de derechos humanos y el militarismo. Estas mujeres valientes, casi siempre obligadas a actuar por su experiencia personal, se enfrentan a las fuerzas más formidables de la sociedad casi sin apoyo o publicidad, y con pocos aliados y recursos.
A menudo se encuentran con el ostracismo de parte de sus familias, la estigmatización y la calumnia, así como con la hostilidad de los funcionarios gubernamentales contra quienes enderezan sus agravios o que resultan cómplices en proteger los intereses de los perpetradores. Sin un visible nivel social o buenas conexiones, estas mujeres activistas reciben las amenazas y el acoso solas y desprotegidas, y así y todo, su esfuerzo es fundamental para describir, denunciar y castigar violaciones que atentan contra las libertades básicas en el mundo entero.
Este 10 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos presenta el primer informe dedicado exclusivamente a las mujeres defensoras de derechos humanos.
El informe declara que “Las defensoras de derechos humanos y quienes se ocupan de temas de género o derechos de las mujeres en Latinoamérica parecen arriesgarse más a ser asesinadas o sufren más atentados contra sus vidas.” No es de extrañar que las sedes de las guerras contra el narcotráfico en el continente –Colombia y México- hayan recibido, y por mucho, el mayor número de comunicaciones referentes a casos documentados de amenazas de muerte contra defensoras de derechos humanos.
Las defensoras corren el riesgo de la violencia de género, la cual incluye la violación y el acoso sexual en su trabajo. Las amenazas y la violencia a que se enfrentan suele extenderse a sus familias y amigos. Precisamente porque estos lazos con sus seres queridos son los que motivan con tanta frecuencia sus actividades de protesta y organización, esta forma de represión es tal vez la más cruel de todas.
Los casos de ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos no están bien documentados y suelen permanecer invisibles salvo para la comunidad más inmediata. Esto, y la falta de reconocimiento gubernamental hacia su trabajo y los riesgos que implica, las vuelven particularmente vulnerables. El informe de la ONU señala: “En la mayoría de los casos no existen mecanismos de protección, y cuando ellos existen, hay un incumplimiento o una falta de voluntad política o de sensibilidad ante temas basados en el género.” Explica que México está trabajando hacia un programa y mecanismo de protección pero que al parecer éstos carecen de una perspectiva de género. Lo que es más, los esfuerzos hacia la protección reciben muy pocos subsidios aunque los hayan ordenado algún organismo nacional o internacional a pesar de los cientos de millones de dólares que aportan los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.
Las mujeres y los hombres que protestan contra el feminicidio (el asesinato sistemático de mujeres como se ha documentado en Ciudad Juárez), activistas LGBT, defensores y defensoras de derechos sexuales y reproductivos, líderes sindicales, mujeres dirigentes de comunidades desplazadas y organizadoras de movimientos contra la militarización reportan el mayor número de amenazas y casos de violencia en América Latina. Estas mujeres han sufrido ataques contra su persona, miembros de su familia y sus hogares; se han visto obligadas a cerrar sus organizaciones de derechos humanos y, como en el caso de quienes quedan de la familia Reyes Salazar, al exilio forzado por la amenaza de violencia contra ellas.
Un informe especial sobre mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica presentado en Ginebra el 8 de marzo, llega a la conclusión de que la presencia policíaca y militar ha sido contraproducente para la protección de la seguridad pública y la de las mujeres en especial.
“La militarización e influjo masivo de agentes federales para combatir la inseguridad no ha logrado revertir esta situación de violencia. Por el contrario, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, especialmente contra jóvenes y mujeres, se está incrementando. En este contexto, los defensores de derechos humanos corren mayores riesgos para realizar su trabajo al mismo tiempo que carecen de los recursos necesarios para protegerse. Podemos afirmar que lejos de disminuir, la violencia contra quienes trabajan por los derechos humanos, sus familias y organizaciones relacionadas se intensifica y expande.”
En los lugares donde se ha promovido activamente el miedo para justificar las respuestas militares, las mujeres no sólo carecen del apoyo que necesitan, sino que se las ataca por “hacer olas”. A medida que la violencia y el miedo se vuelven la norma en las áreas donde viven y trabajan, el activismo no violento es visto como desestabilizador. Frecuentemente se castiga social y físicamente a las mujeres activistas por su protesta contra las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos del Estado, así como por sus transgresiones contra las normas patriarcales de que las mujeres no deben desempeñar papeles de liderazgo en la política o en la organización comunitaria.
El informe de la ONU argumenta que una falta de voluntad política es la causa fundamental de que las mujeres que defienden derechos humanos estén expuestas a riesgos tan elevados: “Los mismos funcionarios gubernamentales o policíacos pueden compartir las perspectivas conservadoras y patriarcales de la comunidad en general hacia las defensoras y quienes se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas basados en el género, y debido a ello pueden mostrar poco o ningún entusiasmo por intervenir de manera eficaz para su protección a pesar de su obligación de hacerlo”, enuncia.
Pese a los riesgos, las mujeres siguen organizándose y dirigiendo movimientos de derechos humanos. Algunas recomendaciones para su protección son las siguientes: crear campañas autónomas con apoyo comunitario, lograr más visibilidad en la prensa y el público, entablar y documentar demandas públicas, movilizar a la familia y amigos y organizaciones simpatizantes, buscar acompañamiento de ONGs, impartir o tomar capacitación informal para su seguridad y realizar talleres psicológicos para sobrellevar la presión.
Las medidas de protección nacionales e internacionales son un instrumento para reconocer formalmente la situación de peligro en que se encuentran las mujeres y en ocasiones, pero no siempre, aportan protección física. Las medidas precautorias, particularmente las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proporcionan algún grado de protección y visibilidad.
Pero las defensoras de derechos humanos nunca deberían tener que recurrir al prolongado proceso burocrático de solicitar medidas precautorias. El mero hecho de tener que hacerlo es prueba incontestable de la impunidad del Estado y la negligencia gubernamental en sus países.
Defender a las Defensoras
El informe de la ONU de esta semana concluye que la seguridad de las mujeres está vinculada a la seguridad de sus comunidades; esto a su vez requiere “un enfoque holístico que incluya el fortalecimiento de la democracia, el combate a la impunidad, la reducción de las desigualdades económicas y la procuración de la justicia social y ambiental entre otros factores.” Por desgracia, en México y otros países en donde se ha aplicado el modelo de guerra contra las drogas, estas estrategias se han visto desplazadas por otras de aplicación de leyes y de confrontación que exigen como indispensable la presencia de fuerzas de seguridad.
Para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, la sociedad debe ver su trabajo como valioso y, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, reconocer públicamente el papel significativo que desempeñan las defensoras y todos aquellos que se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas de perspectiva de género en la consolidación y el progreso de sociedades plurales e incluyentes.” Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus comunidades suelen enfrentar campañas de descrédito que las vinculan con el crimen organizado, como en el caso de la familia Reyes, o que descalifican su integridad personal. Es un método usual con que el Estado elude su responsabilidad y evita manchar su imagen con acusaciones de que persigue a defensoras de derechos humanos.
Las defensoras de derechos humanos han sido amenazadas, torturadas, violadas, exiliadas y asesinadas, pero no silenciadas. Ellas luchan por los derechos de todos nosotros a costa de tremendos riesgos personales. No se las debe dejar solas.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México, www.cipamericas.org.
Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus.
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Women Human Rights Defenders Risk Death, Discrimination
08/03/2011 by Laura Carlsen
Josefina Reyes began her career as a human rights organizer the way thousands of women across the globe do: defending her family and her community.
The middle-aged mother staged a hunger strike to demand the safe return of her son after Mexican soldiers abducted him from their home. She lost another son to the violence that has characterized the Valle de Juarez, where the Reyes family lives, since the drug war started. Josefina became a strong voice against the violence and in particular against abuses committed by the army and police.
In August of 2009 she participated in the first regional Forum against Militarization and Repression. On Jan. 5, 2010, Josefina Reyes was shot to death.
The Valle de Juarez has been occupied by Mexican Army troops since 2008 when the federal government launched the country’s most intensive military operation there in the country to counter organized crime. To date, Josefina’s son, two brothers, a sister and a sister-in-law have been assassinated. None of the crimes have been solved.
Josefina’s case is one of many, and human rights organizations fear that if something isn’t done soon it will be one of many more. This year has seen a marked rise in violence against women and harassment of women human rights defenders. In Latin America, death threats and assassinations by unknown assailants tend to be the modus operandi, with undercover state actors, paramilitaries and members of organized crime widely believed to be the main culprits.
But since most of the crimes are never fully investigated or prosecuted, this form of politically motivated violence remains unnamed and unpunished. The widespread impunity creates a breeding ground for more violence.
Special Risks to Women Human Rights Defenders
Throughout the year, reports from women’s non-governmental organizations, grassroots movements and the press warned that women who dared to speak out against violence were falling prey to it at an alarming rate. Recent reports from the United Nations and national human rights organizations confirm the impression.
They point out that both men and women who defend human rights are often targetted. However, the situation for women human rights defenders must be analyzed separately for several reasons.
Women often lead community organizations and movements that are on the frontline of battles against human rights violations and militarism. These brave women, usually compelled to act by personal experience, take on the most powerful forces in society with little support or publicity and few alliances and resources.
They often face ostracism from their families, stigmatization and slander, and the active hostility of government officials that are either the subject of their complaints or complicit in protecting the interests of the perpetrators. Neither high-profile nor well-connected, these women activists face threats and harassment alone and unprotected, yet their work is critical to describing, denouncing and punishing violations that threaten basic freedoms throughout the world.
On Mar. 10, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders will present the first report to look exclusively at women human rights defenders.
The report shows that “Women human rights defenders and those working on women’s rights or gender issues in the Americas appear to be most at risk of being killed or having an attempt made on their lives.” Not surprisingly, the drug war capitols of the hemisphere–Colombia and Mexico–received by far the largest number of communications regarding documented instances of death threats against women human rights defenders.
Women defenders confront the risk of gender-based violence, including rape and sexual abuse in their work. The threats and violence they face often spread to their families and friends. Precisely because it is these ties to loved ones that so often motivate their organizing and protest activities, this form of repression is perhaps the cruelest of all.
Cases of attacks on women human rights defenders are not well documented and often remain invisible except to the immediate community. This and the lack of government recognition of their work and the risks it entails, make them particularly vulnerable. The UN report notes, “In most cases there are no mechanisms for protection and where they do exist, there is a lack of implementation, political will or gender-sensitivity.” It states that Mexico is working toward a protection program and mechanism, but that it seems to lack a gender perspective. Moreover, protection efforts receive very little funding even when mandated by a national or international body, despite the hundreds of millions of dollars given by both the U.S. and Mexico governments to security forces in the fight against organized crime.
Women and men who protest femicides (the systematic murder of women as documented in Ciudad Juarez), LGBT activists, defenders of sexual and reproductive rights, labor movement leaders, women leaders of displaced communities and anti-militarization organizers report the most threats and cases of violence in the Americas. These women have suffered attacks against themselves, their family members and homes, the forced closure of their human rights organizations, and– as in the case of the remaining members of the Reyes Salazar—forced exile due to the threat of violence against them.
A special report on women human rights defenders in Mesoamerica presented in Geneva on Mar. 8 concludes that police and military presence have been counterproductive in protecting public safety and that of women in particular:
“The militarization and massive influx of federal agents to combat insecurity has not successfully reversed this violent situation. On the contrary, violations of human rights on the part of security forces, particularly against youth and women, is on the rise. In this context, human rights defenders face greater risks in carrying out their work while also lacking the necessary resources to protect themselves. Far from diminishing, we are able to affirm that violence against human rights workers, their families, and related organizations is intensifying and spreading.”
In places where fear has been actively promoted to justify military responses, women not only lack the support they need, but are frequently vilified for ‘rocking the boat’. As violence and fear become the norms in areas where they live and work, non-violent activism is seen as destabilizing. Women activists are frequently punished socially and physically both for their protests against State security forces and corrupt officials as well as for their transgressions against patriarchal norms that women should not be playing leadership roles in community organizing and politics.
The UN report makes the claim that a lack of political will is at the core of why women human rights defenders encounter such high risks. “Government or police officials may themselves share the prevailing conservative and patriarchal views of the community in general towards women defenders and those working on women’s rights or gender issues, and thus may have little or no enthusiasm to intervene effectively for their protection in spite of their obligation to do so,” it states.
Despite the risks, women continue to organize and lead human rights movements. Some of the recommendations for their protection include the following: creating autonomous campaigns with grassroots support, achieving more visibility in the press and public, filing and documenting public complaints, mobilizing family and friends and like-minded organizations, seeking NGO accompaniment, carrying out informal security trainings and holding psychological workshops to cope with the pressure.
National and international protective measures are a way of formally recognizing when women are at risk and sometimes, but not always, they provide physical protection. Precautionary measures, particularly those from the Inter-America Commission on Human Rights, provide some measure of protection and visibility.
But women human rights defenders should never have to resort to the long bureaucratic procedure of requesting precautionary measures; that they do is a testament to State impunity and government negligence in their home countries.
Defending the Defenders
This week’s UN report concludes that women’s security is linked to the security of their communities. This requires “a holistic approach that includes the deepening of democracy, the fight against impunity, the reduction of economic inequalities, and striving for social and environmental justice, among others.” Unfortunately, in Mexico and other countries where the drug war model has been applied, these strategies have been displaced by strategies of enforcement and confrontation that necessitate the presence of security forces.
To protect women human rights defenders, society must view their work as valuable and, according to the UN Special Rapporteur “publicly acknowledge the significant role played by women defenders and those working on women’s rights or gender issues in the consolidation and advancement of plural and inclusive societies.” Women defending their rights and those of their communities frequently face smear campaigns that link them with organized crime, as in the case of the Reyes family, or disparage their personal integrity. This is a common way for the State to deflect responsibility and avoid tainting its image with accusations of persecution of human rights defenders.
Women human rights defenders have been threatened, tortured, raped, exiled and assassinated, but they have not been silenced. They fight for the rights of all of us at tremendous personal risk. They must not be left alone.
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Carta de organizaciones de Europa
Nosotros, una red de personas mexicanas y europeas, que se comprometen por los derechos humanos en México, manifestamos nuestra profunda preocupación por la violencia y la impunidad que reinan en México. Nos referimos en particular a los crímenes recientemente cometidos en Ciudad Juárez y pedimos por esta vía la intervención de las autoridades en la atención y resolución de los siguientes casos:
- 1- los asesinatos de las defensoras de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz y Susana Chávez,
- 2- el asesinato a tiros de la activista Josefina Reyes Salazar en Cd. Juárez el 3 de enero del 2010 (ella luchó por esclarecer el paradero de su hijo a quien se llevaron militares en 2009 y que desde entonces está desaparecido),
- 3- el asesinato del hermano de esta activista,
- 4- el asesinato y el secuestro previo de sus hermanos María Magdalena y Elías Reyes Salazar y de la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, un caso más en que el Estado Mexicano había sido advertido y no tomó las medidas adecuadas para evitarlo.
- 5- los incendios criminales a las casas de Sara Salazar, madre de Josefina Reyes Salazar, y de la activista, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marilú García Andrade.
Posted in Solidaridad
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